Y al reiniciar su vida civil, fue detenido. Su delito, endosar un cheque sin fondos de 360 dólares. Fue acusado de falsificación y fue aconsejado declararse culpable para poder salir rápidamente. Pagó su condena y continuó su vida.

El problema real ocurrió 10 años después. En 1998 fue a renovar un permiso para poder acceder a instalaciones militares que usaba desde su tiempo en activo. Revisaron su expediente y le dijeron que Migración quería hablar con él. Era sujeto a deportabilidad.

El delito (pagado desde 1988) fue considerado retroactivo y aunque pagó multa y peleó en la Corte desde 1998 hasta 2003, no pudo evitar la deportación. El día que debía ir a corte estaba bajo operación quirúrgica por problemas en el bazo y el juez rechazó una carta del médico. Fue deportado in absentia. En casa de su madre, convaleciente y recién operado, agentes federales lo sacaron con violencia. Tuvo que usar su camisa para detener el sangrado abdominal. El juez que también era veterano naval, le manifestó entender su caso, pero tenía las manos atadas para poderlo ayudar.

En un avión de vuelta iban solo él y dos agentes del ICE (Immigration and Customs Enforcement) quienes lo dejaron en el aeropuerto de Bogotá, sin dinero ni sus papeles legales. Solo portaba un short, su playera y unas sandalias. Los agentes migratorios volvieron sin decir más.

Volver a casa

Sin hablar bien el español, así regresó en 2003 a una Colombia que no conocía y que hoy aún vive su propio conflicto interno, pero además, con bases militares de un ejército al que sirvió. Donde su vida podría correr peligro real.

En ese entorno ajeno, al acercarse a presentarse con funcionarios escuchaba comentarios como ‘Hey, ¿quién es este gringo? No parece colombiano, ¿qué hace?, ¿es militar? ¿porqué fue deportado?’. “Se había creado una mística negativa y paranoia” por parte de funcionarios de izquierda,.

Con los funcionarios políticamente de derecha tampoco les fue bien. Pensaban que estaría supervisando los gastos de apoyo militar que llegaban desde Estados Unidos. “El punto es que nadie confiaba en ti y todo mundo estaba reacio a hablar y relacionarse contigo”.

El 16 de julio de 2015, Alfredo, después de 12 años de pelear su estatus migratorio, logró una visa humanitaria para recibir atención médica y, sólo así, pudo volver a Estados Unidos,

En una camilla, llegó al hospital de Chula Vista, donde pudo volver a ver a sus hijos y un nieto de 13 años, a quienes no veía desde su deportación en 2003. Dos días después, el 18, falleció.

La entrada de Alfredo Varón fue una de las pocas excepciones en las que un veterano pudo volver a Estados Unidos. Semanas antes, el 18 de junio, José Solorio, marine de origen mexicano en Camp Pendleton, había logrado una visa para ser atendido en Seattle, pero sólo llegó a La Jolla, California donde murió de fibrosis pulmonar. Además de Varón y Solorio, ningún otro veterano había logrado una visa humanitaria o algún permiso para volver (con vida) a los Estados Unidos.

Gonzalo Chaidez, Juan Montemayor y Héctor Barrios, éste último condecorado con el Corazón Púrpura por sus servicios en Vietnam, murieron en Tijuana y Rosarito, Baja California, entre 2014 y 2015. Ninguno pudo regresar a casa, más que en un féretro.

Semper Fidelis

Poco se conoce de mexicanos de nacimiento peleando en otros países, pero han estado presentes en Vietnam, Alemania, Corea, Kosovo, Irak y otros servicios o combates para los Estados Unidos.

La historia de los soldados veteranos deportados a México parece tener un guión común: hijos de padres migrantes, muchos mexicanos, llegaron cuando niños a Estados Unidos, crecieron y vivieron su historia hablando inglés y consumiendo la cultura estadounidense. México y sus países de origen se volvieron algo ajeno.

Algunos por patriotismo y otros por creer que tendrían resuelta la ciudadanía estadounidense de modo automático, cumplieron el servicio militar e incluso participaron en combate en el extranjero, y regresaron del servicio militar a la vida civil, con síntomas de Trastorno de Estrés Post Traumático, un padecimiento que los lleva a ser antisociales, aislados, agresivos, autodestructivos y, en ocasiones, a tener conductas suicidas. Al quitarse el uniforme y una vez como civiles, cometieron algún delito, menor o mayor y tras cumplir su condena, fueron deportados de inmediato y de por vida. Sin importar rango, méritos o condecoraciones de honor.

El país al que sirvieron, les dio una patada.

“Deportando al soldado Ryan”

Craig Shagin, abogado en Harrisburg, Pensilvania, ha trabajado sobre el aspecto jurídico. Representa a una larga cartera de clientes originarios de casi todos los países del mundo por casos migratorios. Su firma, Shagin Law Group, presume que otras firmas tienen más abogados, oficinas más fantásticas y mayores ingresos “pero no clientes más interesantes”.

Entre ellos, unos 25 veteranos deportados originarios de Italia, Canadá, Alemania, Colombia, México, Belice, Panamá, Honduras y el Reino Unido, comenta vía correo electrónico.

Shagin escribió un artículo titulado “Deportando al soldado Ryan: la condición menos que honorable de los no ciudadanos en las fuerzas armadas de los Estados Unidos”. El texto fue publicado en el Widener Law Journal escrito en 2007. En él, Shagin explica varios puntos clave del proceso de deportación de veteranos.

“Los Estados Unidos no deportan individuos como castigo. Esto sería cruel y violaría los derechos constitucionales del individuo –escribió- . Lo que sí hace es deportar aliens como una materia administrativa para asegurar el reforzamiento de sus leyes de migración. Aliens residentes han sido conscriptos en el servicio durante la Guerra Civil, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y las guerras de Corea y Vietnam”.

En su artículo Shagin menciona que “la administración de las leyes migratorias y los procedimientos de remoción son en sí mismos un laberinto cambiante.   Un caso de remoción comienza cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presenta una notificación para presentarse, sujetando al individuo a la jurisdicción de las cortes de migración.

Hasta antes de 1988 era remota la posibilidad de ser deportados. Pero a partir de 1998 se han creado o modificado cinco leyes que afectan a civiles y militares no ciudadanos.

En el citado artículo, Shagin plantea que Estados Unidos los deporta para prevenir en su territorio los daños que “individuos de vicios o conducta criminal de otra cultura” podrían dejar en la sociedad. Sin embargo, agrega, olvida que cualquier consecuencia emocional en ellos se debió al servicio que prestaron a Estados Unidos, por lo tanto tiene la obligación moral de cuidarlos.

Añade otros motivos de preocupación:

“El servicio militar en los EEUU puede ser visto como un servicio para un enemigo en otro país. Puede ser visto como un crimen incluso si el país (donde llega deportado) no estuvo activamente en guerra.

“Los EEUU no son miembros del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en gran medida porque no quiere que miembros de sus fuerzas armadas queden sujetas a la CPI por sus acciones. Al remover a un veterano, los EEUU estarían soltando al hombre en servicio a la jurisdicción de la CPI.

Una pequeña victoria

Actualmente los abogados defensores de Estados Unidos tienen la obligación de advertir a sus clientes sobre las consecuencias “colaterales” de declararse culpable en un juicio, que casi siempre es la deportación, como le ocurrió a Alfredo. Hay incluso precedentes jurídicos obligatorios en la Suprema Corte como el caso Padilla vs. Kentucky.

Sin embargo, Craig Shagin comenta que “aún hay abogados que, a menudo, llevan a la destrucción de sus clientes”.

Nuevos reclutas buscan ciudadanía

En noviembre de 2008, el Secretario de Defensa Robert Gates firmó un memorando para implementar un programa piloto de reclutamiento para no ciudadanos a las fuerzas armadas. Su impulsora principal, la abogada experta en asuntos de leyes migratorias y de seguridad nacional, Margaret D. Stock.

En 2009 se echó a andar el Programa de Adhesiones Militares Vitales para el Interés Nacional (Military Accessions Vital to National Interest, o MAVNI), que buscaba reclutar a personas sin documentos para las fuerzas armadas. El programa permitiría a algunos no ciudadanos a unirse a las fuerzas armadas y aplicar para la ciudadanía sin haber obtenido previamente la residencia permanente legal. En la página de Facebook del MAVNI, se presenta como “la manera más rápida de obtener la ciudadanía si no has nacido aquí”.

Entrevistada a través de Skype, Margaret Stock, la principal impulsora de MAVNI, explica dos puntos clave: la ciudadanía no está garantizada por el servicio militar, sino por un proceso a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (United States Citizenship an Immigration Services o USCIS).

Ese año juntó 4 mil reclutas. Este año fiscal, iniciado en octubre, lleva 1200 personas. Este consiste en reclutar personas con capacidades específicas necesarias, particularmente doctores, enfermeros, intérpretes y traductores de una lista de lenguas (español e inglés no están entre ellas). Los reclutas son aquellos que no tienen Green Card pero tienen algún estatus legal, por ejemplo, asilados o refugiados..

Una vez que un recluta ha sido aceptado en el MAVNI, deben enlistarse por un contrato mínimo de 4 años (en el caso de intérpretes) o para profesionales de la salud, de 3 años en servicio activo o bien, 6 años en la Reserva Selecta. A esto se suma, una obligación contractual se permanecer en servicio si son requeridos durante ocho años en total, aún si no están en activo en una unidad.

El programa permite que los reclutas adquieran la naturalización al término del entrenamiento básico, que dura 10 semanas, con ciertas condiciones como no tener antecedentes criminales Esto, dice Stock, podría evitar futuras deportaciones, salvo el caso de que el recluta no terminara el entrenamiento básico o cometiera un crimen serio antes de obtener su ciudadanía. “Pero esto no ha pasado”.

En las playas de Tijuana, en el muro fronterizo, puede verse una de las grandes rejas pintada con los nombres de los soldados deportados, junto con su rango. Los domingos, muchos de ellos se reúnen con las familias civiles de deportados que se visitan en el Parque de la Amistad. Estos domingos suelen ser emotivos: hay protestas con altavoces, música de mariachis y mesas informativas mientras las familias platican entre las rejas y apenas pueden tener contacto del roce de un dedo, mientras la Border Patrol vigila a todos con cautela.

Gran parte de las personas migrantes deportadas a México por Tijuana llega a vivir al Bordo, un canal de agua que atraviesa parte de la ciudad. En las paredes y bajo los puentes, se encuentran casas de cartón, bajo la tierra o en los afluentes del canal. Alli, conseguir droga, ‘globo’ o heroína, es algo sencillo y la policía hace redadas para expulsarlos cada cierto tiempo. Llegan allí porque no tienen ninguna pertenencia ni orientación al ser devueltos a México.

Entre jeringas y basura es el reinicio de la vida de muchos de los militares deportados, a pesar de sus condecoraciones de honor u otros méritos hechos en servicio.

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