Presentan organizaciones la Documentación Colectiva “Así se ve la minería en México”
Con 63 fotografías de 23 fotógrafos y fotógrafas que dan cuenta de los impactos que deja la actividad minera en diversas regiones de nuestro país, esta tarde la Fundación Heinrich Böll, el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible presentaron el resultado del proyecto Documentación Colectiva Así se ve la Minería en México.
Las imágenes que integran Así se ve la minería en México abordan cuatro grandes temas: contaminación ambiental, impactos en la salud, resistencias comunitarias y comunidades y territorios. Las miradas de los participantes dan cuenta de lo que esta actividad -considerada preferente y de utilidad pública en el marco legal- está dejando en el país: de cómo se arrasan los paisajes y todo aquello que los habite, de cómo las comunidades se organizan para frenar estos proyectos, de la generación de residuos, el abandono de los lugares destrozados una vez que el proyecto se acaba, de la escasez de agua mientras las minas utilizan y contaminan miles de litros del líquido, de la miseria de los habitantes de las comunidades, mientras las mineras extraen metales preciosos que no generan bonanza local.
“¿Por qué necesitamos poner atención a lo que está sucediendo con la minería en México?Porque aunque la actual Ley Minera considera a la minería como una actividad preferente y de utilidad pública, en los hechos es una actividad de interés privado, de escasa utilidad pública y económica y con un elevado costo social y ambiental para México y sus habitantes. Es importante decir que muchas de las concesiones mineras otorgadas se sobreponen con territorios que pertenecen a comunidades y ejidos.
“De hecho, hasta el 2017, 42% de los casi 12 mil núcleos agrarios existentes, tenían alguna concesión minera en su territorio. Es decir, que la ley minera ha permitido que una actividad de interés privado afectara los territorios pertenecientes a comunidades y ejidos, en ocasiones sin su conocimiento. Esta situación se extiende también a áreas naturales protegidas y a regiones que enfrentan estrés hídrico”, comentó Cecilia Navarro, integrante del CCMSS y del comité organizador de la documentación colectiva.
El comité organizador explicó que el proyecto de documentación colectiva buscavisibilizar qué está pasando, cómo están siendo impactados los territorios en los que se asientan los proyectos mineros. Asimismo, subrayó que el propósito de la documentación colectiva no se limita a esta convocatoria fotográfica, sino que se trata de abrir un proceso colectivo de mediano y largo alcance que permita documentar en el tiempo los daños que la minería causa en el ambiente y en las poblaciones locales.
Las imágenes se divulgarán en diversos espacios, con el fin de dar visibilidad a este tema y promover los cambios necesarios para que se respeten los derechos de las comunidades dueñas de los territorios y los ecosistemas que albergan.
La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, quien participó en la entrega de reconocimientos, subrayó que es muy lamentable todo lo que ha pasado en México respecto a la minería. Se dieron concesiones sin consultar a nadie, sin acordar en qué se iban a beneficiar las comunidades. “Coincidimos que en la Cuarta Transformación, las cosas deben de cambiar. Hay muchas leyes que otorgan mayor facilidad para el despojo de los territorios y los recursos. Debemos trabajar en el cambio que todos queremos con la participación de académicos, de investigadores. El esfuerzo de investigadores puede apoyar la toma de decisiones de los políticos para que nuestro país de un giro hacia un desarrollo equilibrado y el cuidado y la protección del medio ambiente”.
Le preocupa y ocupa la actividad minera por lo que en la Comisión de Pueblos Indígenas están trabajando en un dictamen en materia de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas derivado de cinco iniciativas. Señaló que “este tema es una deuda pendiente con los Pueblos Indígenas, ya que la reforma de 2001 fue incompleta y deficiente. El derecho a la consulta no fue reconocido en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no obstante que era vinculante para el Estado mexicano. Al mismo tiempo se encuentra en discusión al interior de las Comisiones en el Congreso, la iniciativa por la que se adiciona una fracción al apartado A del artículo 2 y una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por una servidora; con esta reforma se pretende darle el reconocimiento constitucional al derecho a la Consulta a los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana.”
Dolores Rojas, coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll, una de las organizaciones convocantes, comentó que “Como Fundación Böll en México, nuestro punto de vista es que la ecología, la democracia y la equidad son partes inseparables de un todo, así que muchas veces, nuestras discusiones y búsquedas de alternativas implican críticas claras al modelo de desarrollo existente, basado totalmente en la expectativa del crecimiento para producir bienestar y este crecimiento asentado fundamentalmente en la extracción de los bienes comunes. Los recursos naturales no son infinitos, por lo que se debe invertir mucho más (tiempo, recursos, imaginación…) en la búsqueda de alternativas”.
La Dra. Leticia Merino, coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, refirió que “Una actividad que devasta la tierra, que pasa por encima de los derechos de las comunidades en las que opera, que contamina el agua, que destruye la riqueza biológica, que enriquece a unos cuantos, que genera miles de toneladas de residuos tóxicos no pueden ser de utilidad pública. El derecho a la vida, la cohesión comunitaria, los territorios sustentables, la gobernanza local sí son de utilidad pública. Necesitamos que nuestras leyes reconozcan qué actividades realmente son de utilidad para el bien público. Definitivamente, la minería no es una de ellas”.
“Muchas gracias a las fotógrafas y fotógrafos, profesionales y amateurs que participaron. Les queremos decir que las imágenes se incorporan a este acervo que continuaremos alimentando y serán utilizadas para continuar trabajando en favor de una modificación en el marco legal que actualmente rige la minería, mismo que ha propiciado innumerables despojos, una profunda e irreversible contaminación en tierra y suelo, además de que ha arrasado con la orografía y de los ecosistemas a lo largo y ancho del país”, mencionaron las organizaciones convocantes.
