Por Prometeo Lucero / Nuevo Periodismo para la Justicia, AC *

 Kenia Inés Hernández Montalván ha pasado por tres prisiones distintas durante 2020 y lo que va de 2021. La activista amuzga ha sido detenida luego de participar en protestas mediante la toma de casetas. Permanece tras las rejas porque los jueces consideran que es peligrosa y asocian sus actividades de protesta con el pandillerismo.

El 8 de abril de 2021, la organización Frontline Defenders publicó una alerta por el deterioro en el estado de salud de Kenia Hernández en el Cefereso 16. El 18 de mayo, Kenia inició una huelga de hambre. 

En mayo de este año, el juez de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec (Poder Judicial mexiquense), Jorge González Rivera, le impuso una orden de arresto a su defensor, el abogado Antonio Lara Duque, por solicitar la presencia de un intérprete de lengua amuzga, lo que finalmente no se concretó.

El periplo de la defensora de derechos humanos inició en un penal de Ecatepec (6 de junio de 2020), continuó en una cárcel de Santiaguito (18 de octubre) –ambos en el Estado de México– y desembocó en una prisión de Morelos (24 de octubre), sin que hasta la fecha su caso haya sido juzgado de acuerdo al debido proceso. 

“Kenia no puede ser juzgada bajo una óptica de perspectiva de género porque sólo aplica para las mujeres cuando son sumisas, vulnerables o no saben defenderse. Como Kenia no es sumisa, es mejor tenerla en el Penal Federal de Morelos”, señaló un juez que revisó su expediente en noviembre de 2020. 

El 14 de enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó  al Juzgado Especializado en Sistema Penal Federal de Acapulco sentenciar a Kenia a 5 años y 5 meses de prisión por protestar en la caseta de cobro de La Venta-Acapulco, en Guerrero.

Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Kenia –en el que coexisten un proceso penal con diversas violaciones al debido proceso y una fuerte estigmatización– es un mensaje claro de los distintos órdenes de gobierno contra quienes optan por esta vía para manifestar inconformidades. El caso también representa una forma incómoda de protesta, pero válida según estándares de derechos humanos.

El informe Protesta y derechos humanos, elaborado por la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, observa que los Estados (México entre ellos) han tenido respuestas desproporcionadas a la protesta social.  

Según el documento, la falta de cumplimiento de respeto y de garante de derechos «ha derivado en hechos de violencia generalizada en los que no sólo se afecta seriamente el ejercicio de este derecho, sino que también se vulneran los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de las personas que participan en las manifestaciones de protesta social”.

En contraparte, el  15 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones reformas al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, añadiendo el artículo 533 BIS que penaliza con entre tres meses y 7 años la toma de casetas, además de imponer multas.