Por Prometeo Lucero / Nuevo Periodismo para la Justicia, AC *
Kenia Inés Hernández Montalván ha pasado por tres prisiones distintas durante 2020 y lo que va de 2021. La activista amuzga ha sido detenida luego de participar en protestas mediante la toma de casetas. Permanece tras las rejas porque los jueces consideran que es peligrosa y asocian sus actividades de protesta con el pandillerismo.
El 8 de abril de 2021, la organización Frontline Defenders publicó una alerta por el deterioro en el estado de salud de Kenia Hernández en el Cefereso 16. El 18 de mayo, Kenia inició una huelga de hambre.
En mayo de este año, el juez de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec (Poder Judicial mexiquense), Jorge González Rivera, le impuso una orden de arresto a su defensor, el abogado Antonio Lara Duque, por solicitar la presencia de un intérprete de lengua amuzga, lo que finalmente no se concretó.
El periplo de la defensora de derechos humanos inició en un penal de Ecatepec (6 de junio de 2020), continuó en una cárcel de Santiaguito (18 de octubre) –ambos en el Estado de México– y desembocó en una prisión de Morelos (24 de octubre), sin que hasta la fecha su caso haya sido juzgado de acuerdo al debido proceso.
“Kenia no puede ser juzgada bajo una óptica de perspectiva de género porque sólo aplica para las mujeres cuando son sumisas, vulnerables o no saben defenderse. Como Kenia no es sumisa, es mejor tenerla en el Penal Federal de Morelos”, señaló un juez que revisó su expediente en noviembre de 2020.
El 14 de enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Especializado en Sistema Penal Federal de Acapulco sentenciar a Kenia a 5 años y 5 meses de prisión por protestar en la caseta de cobro de La Venta-Acapulco, en Guerrero.
Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Kenia –en el que coexisten un proceso penal con diversas violaciones al debido proceso y una fuerte estigmatización– es un mensaje claro de los distintos órdenes de gobierno contra quienes optan por esta vía para manifestar inconformidades. El caso también representa una forma incómoda de protesta, pero válida según estándares de derechos humanos.
El informe Protesta y derechos humanos, elaborado por la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, observa que los Estados (México entre ellos) han tenido respuestas desproporcionadas a la protesta social.
Según el documento, la falta de cumplimiento de respeto y de garante de derechos «ha derivado en hechos de violencia generalizada en los que no sólo se afecta seriamente el ejercicio de este derecho, sino que también se vulneran los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de las personas que participan en las manifestaciones de protesta social”.
En contraparte, el 15 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones reformas al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, añadiendo el artículo 533 BIS que penaliza con entre tres meses y 7 años la toma de casetas, además de imponer multas.
La noche del 6 de junio de 2020…
Kenia fue entrevistada a las afueras de la Secretaría de Gobernación, donde encabeza un mítin, la mañana del 1 de octubre de 2020, después de su primera liberación y días antes de ser detenida por segunda y tercera vez. Asisten unas 50 personas de diversas organizaciones sociales. Cuando ella toma el micrófono, las personas guardan silencio y asienten con atención.
“Pareciera que el gobierno ya le encontró la manera de mantenernos ocupados a los movimientos con presos políticos para que estemos ocupados en estas luchas y no nos ocupemos en las luchas constructivas, que son las luchas de defensa del territorio, de medios alternativos de producción, de embotellamiento de agua para que las comunidades puedan desarrollarse bien, desarrollar sus propias capacidades de crecimiento económico y producción”.
Tras leer un pronunciamiento, hace un pase de lista de sus compañeros: Arnulfo Cerón Soriano (desaparecido y asesinado en 2019); Luis Ignacio Martínez Meza, Santiago Zamora Hilario y Liliana Nicolás López (presos).
Al finalizar el mítin se reunió con integrantes del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en la misma sede. Buscaba la manera de volver a Guerrero con la garantía de poder entrar y salir con vida del estado.
La noche del 6 de junio de 2020, al finalizar una jornada de activismo, que incluía la toma de la caseta La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, Kenia fue detenida con violencia. Agentes policiales la golpearon y jalaron el cabello, esposaron de manos y pies sin mostrar una orden de aprehensión y sin que se supiera de su paradero durante 4 horas.
Mural del CECOP en Aguacaliente, Acapulco, 2014. Foto: Prometeo Lucero
Del activismo comunitario a la liberación de presos
Originaria de Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero, y egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Loyola del Pacífico, Kenia formaba parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, como de asesora jurídica y como parte comisión de honor y derechos humanos hasta 2018.
Desde ese cargo participaba en observar que la conducta de los policías comunitarios se apegara al reglamento interno.
Su labor comenzó a conflictuarse tras denunciar irregularidades internas, por ejemplo en las elecciones de autoridades, y abusos dentro de la Policía Comunitaria.
Kenia actualmente forma parte del Colectivo Zapata Vive, agrupación nacida en 2018 que promueve proyectos productivos como el manejo comunitario del agua y apoya refugios para mujeres indígenas víctimas de violencia en la Costa Chica guerrerense. También forma parte del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG).
Uno de los integrantes del MOLPEG, Arnulfo Cerón Soriano, fue víctima de desaparición forzada y asesinato, y hallado en una fosa clandestina en la colonia El Ahuaje en Tlapa, tras el trabajo de una brigada ciudadana de búsqueda en octubre de 2019.
Los riesgos para el trabajo de Kenia se incrementaron cuando recibió amenazas de la Unión de Pueblos Organizados de Guerrero (UPOEG), quienes acusaron que el colectivo Zapata Vive habría liberado a un detenido bajo su poder. Afirma que fue la familia quien liberó al detenido; sin embargo, la mirada punitiva iba contra el colectivo porque éste se había pronunciado públicamente por su liberación. La UPOEG detuvo a tres integrantes del colectivo, quienes hasta el momento siguen detenidos en el territorio que dominan en la Costa Chica.
Este hecho motivó su extracción del estado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el 26 de septiembre de 2019. Ahí empujó el activismo en la toma de casetas, protestando por la libertad de sus compañeros y de otros presos del sistema comunitario.
Hay antecedentes en los que el sistema judicial ha servido para criminalizar a activistas sociales. Un ejemplo: en 2017, Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), un grupo de comuneros opositores a la Presa La Parota, fue acusado de robo agravado. De la misma organización, en 2018, 16 integrantes de la misma organización fueron acusados de homicidio calificado el 7 de enero de 2018.
Organizaciones como Amnistía Internacional han alertado sobre el incremento a violaciones de derechos humanos que acompaña el despliegue de fuerzas armadas como la Guardia Nacional. También recuerda que las fuerzas armadas han tenido cursos sobre derechos humanos, sin que esto signifique un cambio en el trato para la población. La CIDH, en el volumen II del informe Anual 2019, observa que “la facultad discrecional que se les confiere a las autoridades policiales para decidir en qué casos actuar o no, fomenta las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos”.
ilustración: Prometeo Lucero
El 6 de junio de 2020
La noche del 6 de junio de 2020, un grupo de activistas tomó por una hora la caseta de La Hortaliza, en la carretera Valle de Bravo-Toluca, Estado de México. En la acción, los manifestantes permitían el paso vehicular libre y solicitaban una cooperación voluntaria mientras exigían la liberación de varios presos por motivos políticos en el estado de Guerrero y del país.
Al finalizar la toma, aproximadamente a las 22:50, los manifestantes subieron a un autobús y cuando ya había arrancado, un grupo de patrullas del Estado de México cerró el paso. Los agentes de policía no se presentaron. Kenia Hernández bajó a preguntar qué pasaba, pero no le dijeron nada.
Sus compañeros sospecharon que podía ser detenida y sugirieron sacarla del lugar en un coche aparte. Abordó el vehículo y los agentes intentaron seguirlos, sin embargo, sus compañeros hicieron una valla humana durante unos 5 minutos, hasta que los agentes lograron avanzar y seguir hasta alcanzarles poco después. Les ordenaron bajar.
–No me pueden bajar de aquí si no me dan ninguna orden. Están violando mis derechos humanos –les dijo Kenia.
–Aquí no existen los derechos humanos, te vas a ir con nosotros, quieras o no quieras.
Forcejaron la puerta hasta abrirla y sacaron a Kenia. “Me jalaron del cabello, me empujaron hacia su patrulla de ellos, me esposaron de pies y manos y yo les sigo preguntando cuál es el delito del que se me acusa”. Hasta ese momento, no se lo habían dicho. También detuvieron a 3 adolescentes.
–Aquí está –y le muestran un teléfono celular en donde decía “Orden de Aprehensión”, que decía su nombre. Cuando Kenia quiso ver quien la firmaba, le quitaron el celular de la vista.
En ese traslado, le dicen que está acusada de robo con violencia y dirigen la patrulla hacia el Centro de Readaptación Social “Dr. Sergio Garcia Ramirez” en Chiconautla, Ecatepec, donde ingresó hasta la 1 de la mañana del 7 de junio. Hasta entonces, después de 3 horas de ese viaje, le retiraron las esposas de muñecas y pies.
Durante 4 horas no se supo de Kenia y hubo el temor de que fuera víctima de desaparición forzada. Esto se reforzó porque tampoco tuvo acceso a una llamada telefónica.
Integrantes del colectivo Zapata Vive al que pertenece Kenia ya habían activado sus redes de apoyo. Comenzaron a buscar en diferentes locaciones y notificaron a organizaciones de derechos humanos, con la incertidumbre si volverlo público o si eso la pondría en riesgo, hasta que dieron con ella en Chiconautla a las 2 de la mañana. Para ese momento, organizaciones sociales y de derechos humanos ya habían alertado sobre su presunta desaparición en redes sociales.
ilustración: Prometeo Lucero
A las 12 del día 7 de junio, la Fiscalía General del Estado de México difundió en redes sociales una tarjeta informativa de esta detención. En ella, se publica una fotografía –con los ojos cubiertos– de Kenia, bajo la leyenda “Si la reconoce, denúnciela”, y un número telefónico.
La tarjeta explica que la detención se realizó en coordinación entre elementos de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Además destaca que esta acción fue derivada de información proporcionada por la Guardia Nacional. En tono criminalizante contra Kenia, sugiere que “al parecer lideraba a un grupo de personas provenientes del Estado de Morelos, quienes bloqueaban la circulación de casetas de peaje en esa entidad y en territorio mexiquense”.
“Una vez que fue cumplimentado el mandamiento judicial la imputada fue ingresada al Penal de Ecatepec, en donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial. Es preciso referir que dos adolescentes de 17 años y uno más de 16 años, quienes se encontraban con la detenida, fueron presentados ante el Ministerio Público especializado en Adolescentes, ya que portaban un machete y una lata de gas lacrimógeno”.
Kenia explica que durante su detención, ella y no los adolescentes, llevaba un pequeño spray de 100 ml. de gas pimienta para defensa personal –como el que usan muchas mujeres como medida de prevención contra la violencia machista y que se vende públicamente– y respecto al supuesto machete, “eso se los fabricaron, se los pusieron ya después”.
El día 7 Kenia fue visitada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro de Readaptación Social “Dr. Sergio Garcia Ramirez”. En un escueto comunicado, apenas exigió lo mínimo y obvio: que se respetara el debido proceso de Kenia. Los adolescentes fueron liberados.
El 8 de junio de 2020 se llevó a cabo audiencia de formulación por dos denuncias. Una de ellas bajo la causa penal 853/2020, por orden de aprehensión por el juez de control de Ecatepec por robo con violencia, y que dio origen a la orden de aprehensión en su contra.
Se trata de otra acción de toma de casetas ocurrida el 19 de marzo de 2019 en exigencia de la aparición con vida de Gonzalo Molina, integrante de la Policía Comunitaria en Tixtla, en la que Kenia niega haber estado presente. “Hasta ese momento yo me enteré que supuestamente el día 19 de marzo en la caseta de Las Américas estábamos dando paso libre”. Explica que la parte acusadora, una pareja que abordaba una camioneta y pasaba ese día por la carretera, comenzó a grabarles con un celular.
Kenia explica que la parte acusadora narró, supuestamente, “que cuando me di cuenta de que me estaban grabando, le dije ‘deja de grabar, cabrona’ y que ella no quiso dejar de grabar y se acercó otro compañero con un revólver en mano y la amenazó con el arma y yo metí la mano y yo le quité una cartera y que el otro compañero que traía la revolver le quitó los dos celulares a ella y al otro muchacho”.
Hoy vinculada a proceso, Kenia explica que ese día no estuvo presente y puede demostrarlo con la geolocalización de su teléfono y testigos. Además, afirma, no pueden probar su participación porque hubo negativa a revisar los videos de las múltiples cámaras de vigilancia de la caseta.
El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas intercedió para solicitar que Kenia siguiera su proceso en libertad, ya que como defensora de derechos humanos tiene medidas cautelares a su favor. Este se comprometió a que Kenia no se extraería de la acción de la justicia (puesto que su domicilio actual es un refugio proporcionado por el Mecanismo). “Pero evidentemente fue gracias a la presión de las organizaciones sociales que pidieron mi libertad” dice Kenia, entrevistada en octubre.
Como delito con agravante, el robo con violencia conlleva a prisión preventiva según el Código Penal, sin embargo, Kenia pudo seguir ese proceso en libertad a petición de la misma Fiscalía.
Kenia Hernández Montalván, durante un mítin a las afueras de la Secretaría de Gobernación. 1 de octubre de 2020. Foto: Prometeo Lucero
Kenia fue liberada el 11 de junio de 2020 con tres condicionantes: no acercarse ni intentar venganza alguna contra los denunciantes; firmar los días 5 de cada mes y no volverse a manifestar, ni a dar paso libre, en ninguna caseta de peaje del Estado de México.
Privada de libertad en Chiconautla, Kenia siguió su defensa de derechos escuchando los testimonios de otras mujeres que estaban viviendo consecuencias de un sistema. Encontró un patrón constante: la mayoría de mujeres bajo sentencia en el sistema penitenciario mexiquense, son de bajos recursos y bajo nivel académico y se encuentran allí por supuesto robo con violencia.
También le tocó constatar, en medio de la pandemia de COVID-19, violencia contra mujeres privadas de libertad. Una de ellas, embarazada, al ser golpeada por personal penitenciario, perdió a su cría. “Nosotras vimos un coágulo de sangre en el baño porque dentro de la celda ahí mismo está el baño, no hay puerta”. Además, las filas que deben hacer familiares para poder hacer llegar productos básicos. El “barco” le llaman. O la negación para hacer llamadas telefónicas como castigo regular contra las personas internas.
Pero la presencia de organizaciones de derechos humanos y la presión social, en particular de parte del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, disminuyeron algunos riesgos para Kenia y eso se extendió momentáneamente a otras mujeres. Al salir, cuenta, las mujeres pensaron que se quedarían sin privilegios.
“Privilegios ellas le llamaban a que nos dieran de comer a nuestras horas, que nos alcanzaran agua, que nos alcanzaran un papel de baño, que nos alcanzaran jabón porque ni siquiera les dan eso”.
También supo de historias de mujeres que, tan pronto cumplían sentencia y ponían un pie fuera del centro de privación de libertad, eran devueltas con una nueva orden de aprehensión. “Están agentes ministeriales afuera, en la puerta del reclusorio esperándolas para decirles ‘tienes otra orden de aprehensión’. Los policías ministeriales ya lo agarraron de negocio, de estar esperando afuera a ver a qué hora sale alguien libre para volverlo a meter. Ni siquiera les muestran la orden, ya estando adentro les giran las órdenes de aprehensión en línea. O sea, que hay un contubernio ahí con los jueces que emiten las órdenes de aprehensión en línea”.
Algo que le tocaría vivir, de alguna manera, meses después de su salida
Mítin a las afueras de la Secretaría de Gobernación. 1 de octubre de 2020. Foto: Prometeo Lucero
Segunda y tercera detención
Por segunda ocasión Kenia es detenida en la caseta de Amozoc, Puebla el 18 de octubre de 2020 a las 20:50 horas. En la detención, los agentes, quienes portaban uniforme azul sin distintivos (aunque se identificaron como de la Guardia Nacional) venían siguiendo el vehículo en que iba, no mostraron orden de aprehensión y la detuvieron con lujo de violencia. Otra vez.
Horas más tarde es localizada, acusada de robo con violencia bajo la causa penal 630/2020 ante la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en el mismo municipio.
El 24 de octubre fue puesta en libertad a las 22 horas con medidas cautelares. Pero apenas había salido, fue detenida por tercera vez. Esta ocasión, con una orden federal.
El Juez de Control con residencia en Acapulco, José Miguel López Rodríguez, giró una nueva orden, la causa 322/2020 por ataques a las vías de comunicación y es trasladada a Acapulco, Guerrero, la madrugada del 25 de octubre.
La defensa de Kenia afirma que la carpeta de la nueva orden se estaba conformando a las 3:00 am de ese 25 de octubre. Antonio Lara Duque, abogado del CDHZL, explica que en ese momento tanto la Fiscalía General de la República como Poder Judicial de la Federación tenían claro que la vida de Kenia corría riesgo al estar privada de libertad en Guerrero: se sabía que había integrantes del grupo que le había amenazado.
Entonces, sin ser ingresada al penal de Acapulco, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social 16 en Coatlán del Río, Morelos, donde permanece actualmente.
En la Ciudad de México, a las afueras de la Fiscalía General de la República, personas solidarias con Kenia instalaron un plantón. El 1 de noviembre fueron desalojados por agentes de la fiscalía.
El 8 de abril de 2021, la organización Frontline Defenders publicó una alerta por el deterioro en el estado de salud de Kenia en el Cefereso 16. El 18 de mayo, Kenia inició una huelga de hambre, mientras que a su defensor, el abogado Antonio Lara Duque, el juez de enjuiciamiento del distrito judicial de Ecatepec del Poder Judicial mexiquense Jorge González Rivera le impuso un arresto que se iba a efectuar el 27 de mayo de no presentarse con un intérprete, pero finalmente no se materializó.
La defensa
Lara Duque ha seguido el caso desde la primera detención en La Hortaliza. “Concretamente lo que está pasando es que están equiparando la manifestación pública con un delito que es ataques a las vías de comunicación. Y para ser más precisos, el ataque según la autoridad federal, FGR, avalada por el juez, consiste en ‘generar congestionamiento vial’ lo cual evidentemente es un antecedente demasiado peligroso porque claro que la manifestación pública puede generar congestionamiento vial porque estás tomando las calles, estás manifestándote en el espacio público.
“Hubo una decisión política de alto rango, de alto mando, de violar toda noción de legalidad con tal de mantener a Kenia en la prisión. Eso es un hecho”, afirma categórico el defensor. “Autoridades de alto mando en este país pretenden castigar a Kenia por estos actos de liberación de caseta pero sobre todo para mandar un mensaje de castigo ejemplar a todos aquellos que se pretendan manifestar o movilizar de esta forma”.
Insiste: “no podemos confundir la protesta pública con otros actos. Y aquí es muy claro incluso, las fotografías que presentaron la Fiscalía para supuestamente incriminar a Kenia en el delito de ataques a las vías de comunicación, en todos lados hay lonas que dicen claramente ‘exigimos la presentación con vida de Gonzalo Molina’” (policía comunitario quien se presumía víctima de desaparición forzada).
En una conferencia de prensa virtual el 2 de noviembre, Lara Duque explica que hubo una negativa a juzgar usando el Protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 tras el caso de Mariana Lima Buendía. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia, José Miguel López Rodríguez, se expresó de Kenia, quien es madre de dos niños, de esta manera:
“Kenia no puede ser juzgada bajo una óptica de perspectiva de género porque sólo aplica para las mujeres cuando son sumisas, vulnerables o no saben defenderse. Como Kenia no es sumisa, es mejor tenerla en el Penal Federal de Morelos”.
El juez además añadió una expresión estigmatizante contra Kenia: “se manifiesta en muchos lados, se manifiesta en Puebla, Guerrero, Estado de México, y eso es demasiado y la manifestación que realiza incomoda a particulares y funcionarios, y por si fuera poco lo hace en pandilla porque se manifiesta con más de tres personas”. El juez añadiría: “tanta protesta afecta y pone en riesgo a la comunidad”.
Lara explica que Caminos y Puentes Federales, la parte acusadora, añadió la expresión “y además, es inteligente”.
“Concretamente, no tiene las mismas implicaciones a una mujer a un hombre estar en prisión preventiva”, considera Lara. “El juez ni siquiera tiene idea de qué estamos hablando cuando invocamos la perspectiva de género, honestamente incluso su propia posición tendría que estar en duda ante el Poder Judicial de la Federación”.
Analiza: “en el Estado de México logramos desactivar la prisión preventiva porque se logró acreditar por ejemplo que nunca el Ministerio Público del Edomex logró demostrar que hubiera habido un arma. Entonces por eso logramos que mantuviera la libertad. Las acusaciones del Edomex son más graves, para decirlo de forma clara y aún así recuperó su libertad; con acusaciones menos graves, la federación pretende mantenerla en prisión”.
ilustración: Prometeo Lucero
Toma de casetas: la protesta incómoda
En su opinión, “el Estado se siente visibilizado en términos de que estos grandes problemas sociales no han sido atendidos y este tipo de protestas lo que sí hacen es poner al centro de la problemática”. Cree que en términos sociales, este tipo de represión soltaría un precedente de cómo la Cuarta Transformación (política de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador) y las autoridades locales entienden su dinámica con los movimientos sociales.
“Esto es un claro mensaje negativo, es un mensaje claro de estigmatizar, de poner el ejemplo con la cárcel y un poco lanzar este mensaje a otros movimientos, personas activistas de decir: si continúan con esta lógica de protesta, la consecuencia es cárcel y vamos a estar utilizando todo el aparato para detenerlas”.
* Esta historia periodística es resultado del Tercer Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), co-organizado por Nuevo Periodismo para la Justicia, AC
Publicado originalmente en Eme-Equis el 18 de junio de 2021
