Corría el 13 de febrero de 2009 cuando Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, indígenas na´savi miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco fueron golpeados y capturados por hombres armados, a plena luz del día, frente a autoridades municipales de Ayutla, Guerrero. A pesar del llamamiento urgente para dar con su paradero, sus cuerpos fueron hallados días más tarde con huellas de tortura, enterrados y ejecutados. Las autoridades locales no hicieron un esfuerzo para localizarlos. Todo lo contrario.
Casos como el de los defensores indígenas son ilustrativos de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad (tipificado hasta 1983 por la OEA) que han registrado organismos en el Informe sobre la desaparición forzada 2011, documento que presentaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Con casos desde 1977 (con el de Rosendo Radilla, también en Guerrero como el más ejemplar en México) 3 mil personas habrían sido desaparecidas entre 2006 y 2010. Además 30 de esos casos serían de defensores en el periodo de 2005 a 2011, reporta Víctor Ballinas en La Jornada. ¿Cuántos son muchos?.
Dos años atrás intentaba recalcar una diferencia entre desaparición forzada y secuestro:
«La desaparición forzada, llevada a cabo por fuerzas del Estado, regulares (policía, Ejército) o por grupos irregulares (paramilitares) no es en sí un simple secuestro.
«Lleva otro tipo de connotación, pues de entrada, no exige el intercambio de un bien -económico o material- a cambio de la liberación de la víctima, sino va más allá al infundir terror entre sus relaciones cercanas, desde la familia y los vecinos hasta los entornos políticos donde milite hasta aniquilarlos anímica y emocionalmente.»
Hoy nos seguimos equivocando si equiparamos la desaparición forzada con el secuestro y el «levantón», propios de otras lecturas completamente de distintos contextos, y no menos graves por cierto.
Más información:
– Informe sobre la desaparición forzada en México 2011
– ¡Hasta Encontrarlos!
– Los desaparecidos. Lydiette Carrión.
– La lista de la guerra sucia… historias de la ignominia. David Espino
Desde entonces se desconoce su paradero.. .Durante la audiencia celebrada el dia de ayer las organizaciones denunciantes solicitaron a la CIDH que envie el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el Estado de El Salvador no solo es el responsable de la desaparicion de las ninas sino que tambien se ha negado a investigar los hechos y a sancionar a los responsables. Pese a ello el Estado nego su responsabilidad en la desaparicion de las ninas asi como la existencia de un patron de desapariciones forzadas de ninos y ninas durante el conflicto armado.. .CEJIL y Pro Busqueda argumentaron que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos condeno al Estado salvadoreno en marzo del 2005 por no dar una respuesta efectiva a la desaparicion de otras dos ninas desaparecidas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y que ante esa instancia diversos testimonios y peritajes dieron fe de la existencia del patron que niega el Estado.. .Las organizaciones senalaron a la Comision Interamericana que mientras el Estado salvadoreno persista en su negativa no realizara acciones reales que den con el paradero de cientos de ninos y ninas desaparecidas entre ellas las hermanitas Mejia ni reivindicara los derechos de sus familiares. En el se alegaron las violaciones a los derechos humanos relacionadas con hechos vinculados con la desaparicion forzada de Maria Claudia Garcia Iruretagoyena de Gelman y tambien violaciones a los derechos del nino cometidos contra la hija de Maria Claudia Maria Macarena.