Finalmente, el pasado 15 de abril el Estado mexicano fue puesto a juicio por abusos militares. El caso de la indígena me´phaa Inés Fernández Ortega fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú.
¿Porqué es importante? Pues … sólo está marcando un punto clave en la agenda nacional: el fuero militar.
Organismos de derechos humanos han batallado a favor de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares (que no son simples delitos al haber una relación Estado-ciudadanos) sean juzgados en tribunales civiles y no por tribunales militares.
Es importante acotarlo: la violación sufrida por Inés, Valentina y por muchas otras mujeres en comunidades indígenas opositoras no es algo que se le ocurrió a un grupo desordenado de soldados (que el fuero militar castigaría como una simple indisciplina), sino de una estrategia para enviar un mensaje a todas las comunidades que tenían contacto con las mujeres me´phaa, pues además del trauma físico, psicológico y emocional, el daño no es individual sino colectivo.
Es un mensaje para todos los que protesten y levanten la voz. Una política de Estado.
Un contexto que no puede ser obviado: operaciones militares de contrainsurgencia. Guerra psicológica. Guerra de baja intensidad
Ignacio Martín Baró, psicólogo y sacerdote español retrataba en el análisis «Psicología social de la guerra: trauma y terapia«:
«El ser humano podría ser considerado el objetivo prioritario en una guerra política. Concebido como objetivo militar, el punto más crítico del ser humano es su mente. Cuando su mente es alcanzada, el “animal político” ha sido derrotado sin que necesariamente haya recibido un proyectil. El objetivo es la mente de la población, toda la población. (Omang, 1985).
«(…) En una guerra convencional existen leyes de la guerra cuyo objetivo principal es proteger a los no combatientes. En los procedimientos de guerra psicológica se utilizan las ansiedades, los temores y las frustraciones de las personas, hombres, mujeres, y niños, transformando el peligro y la amenaza vital en una situacion permanente cuyo desenlace puede ser imprevisible, ya que no hay leyes que protejan a los no combatientes. Utiliza armas invisibles, frente a las cuales las sociedades modernas son altamente vulnerables.
Un Estado preocupado
La importancia del caso de Inés y Valentina está en la posibilidad de reformar leyes para que sean tribunales civiles quienes juzguen las violaciones de derechos humanos por militares.
Aunque el caso salió de las fronteras nacionales al no hallar justicia dentro de éste país, no obstante, hay que preguntarse: ¿porqué le preocupa tanto al Estado mexicano una condena externa que no le puede obligar a nada? No sabemos, pero es probable que tanto como para llegar a homicidios extrajudiciales, amenazas de muerte y encarcelamientos.
Un boletín suscrito por organismos de derechos humanos en su defensa detalla:
El Estado mexicano continúa defendiendo que este caso debe ser conocido por los tribunales castrenses debido a la aplicación del Código de Justicia Militar, pese a que la Corte Interamericana ya decidió que esta disposición es contraria a la Convención Americana. Actualmente el caso sigue ante la jurisdicción militar.
Durante el litigio del caso a nivel internacional se han dado numerosas amenazas y hostigamientos tanto contra la familia como contra las organizaciones que han estado involucradas en la búsqueda de justicia. Incluso Lorenzo Fernández, el hermano de Inés fue asesinado en este contexto y hasta la fecha su caso permanece sin esclarecerse. En este contexto, Inés, sus familiares y más de cien defensores son beneficiarios de medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana.
La siguiente audiencia de la Corte analizará el caso de Valentina Rosendo Cantú. Ya antes, en el mismo estado de Guerrero, pero en un caso de mayor antigüedad, ésta determinó la culpabilidad del Estado en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, demanda de justicia impulsada por su hija Tita Radilla.
Ver también:
- Justicia por Inés y Valentina
- Peritaje de Clemencia Correa
- Peritaje de Rosalba Aida Hernández
- Ayutla de los perseguidos
(Reportaje gráfico) - CDHM Tlachinollan
