Si bien hace unos días fue recibida con beneplácito la noticia de la liberación del indígena me´phaa Raúl Hernández Abundio, defensor de derechos humanos en Ayutla, Guerrero, volteamos los ojos nuevamente a esta región, donde, hemos testimoniado una pobreza y represión lacerante e insistimos, la militarización, acoso y amenazas no se detienen con los años.
Amnistía Internacional, quien adoptó a los indígenas me’phaa detenidos en abril de 2008 como presos de conciencia (Hernández Abundio entre ellos), recalca en una acción urgente:
El 28 de agosto, una hija de Inés Fernández fue abordada en el centro de Ayutla por dos hombres. Inés Fernández es miembro de la OPIM; en 2002 fue violada por soldados, y ha llevado su campaña por la justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dos hombres que se acercaron a su hija amenazaron a su familia de muerte si permanecía en Ayutla. En la amenaza se hacía referencia también a Raúl Hernández. El 30 de agosto, Álvaro Ramírez Concepción, coordinador de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fue alcanzado por los disparos de un grupo de hombres mientras trabajaba en una parcela de tierra cerca de Juquila, en el municipio de Ayutla. Resultó herido de gravedad, y más tarde fue llevado al hospital, donde sigue recibiendo atención médica. Audencio Ramírez Concepción, Ambrosio García Catarino y Ramón García Guadalupe también resultaron heridos. Los atacantes huyeron del lugar, y continúan en libertad. La OPIM y la OFPM son organizaciones estrechamente relacionadas entre sí, con sede en Ayutla. Los activistas de ambas han sido blanco de amenazas y ataques. En abril de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en las que ordenaba al gobierno mexicano que garantizara la seguridad de 109 defensores y defensoras de los derechos humanos de Guerrero, especialmente aquellos que trabajan con la OPIM y la OFPM, tras el homicidio de dos dirigentes de la OPIM.
No es para menos dar seguimiento a estos hechos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia particularmente sobre la situación varios casos, entre ellos los de Inés y Valentina.
El diario La Jornada Guerrero publicó el primero de septiembre un editorial con un pormenorizado recuento de las últimas agresiones. Compartimos su epígrafe: «Algo no está bien; esto no puede seguir pasando.»
