A la autoridad a la que corresponda:
A la sociedad en general:
A los periodistas mexicanos:
A unos días del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, se han producido nuevos crímenes contra periodistas en esa entidad, lo que coloca al ejercicio informativo en una situación particularmente peligrosa ante la cual los suscritos demandamos un alto a las agresiones y una recta aplicación de la justicia.
Lo sucedido en Veracruz, sin embargo, no es privativo de esa entidad. A lo largo del país se reproducen las condiciones que propician los ataques a periodistas y se registran agresiones cotidianamente, sin que exista preocupación, prevención y protección reales de parte de las autoridades. El oficio de informar se ha convertido en México en una actividad de altísimo riesgo ante la impune ofensiva de grupos de delincuencia organizada y de autoridades e instituciones penetradas y a veces virtualmente manejadas por esos delincuentes.
Salvo la emisión rutinaria de declaraciones y promesas, y la formación de comisiones investigadoras circunstanciales pensadas sólo para salvar el momento, la gran mayoría de los gobernantes y las autoridades, de todos los niveles y partidos, han dejado de cumplir sus obligaciones ante el evidente y cotidiano acoso del crimen organizado, y sus vinculaciones con los poderes públicos, contra los periodistas. En varios lugares, son esos propios gobernantes y autoridades quienes enderezan las acciones represivas contra el gremio periodístico, deseosos de someter al silencio y al control a los medios de comunicación hasta establecer una suerte de estado informativo de excepción, en donde sólo se puede publicar lo que los poderes permiten.
Ante ello, exigimos:
– Esclarecimiento puntual de los asesinatos cometidos contra compañeros de Veracruz y una recta aplicación de la justicia.
– Alto a las agresiones contra periodistas en todo el país, no solamente en términos físicos directos, sino también en cuanto a amenazas, presiones y manipulaciones.
A nuestros compañeros periodistas les invitamos a reproducir en todo el país estos actos de denuncia y protesta. En cada rueda de prensa importante deberíamos usar algún turno de preguntas para plantearle a los funcionarios de primer nivel nuestras preocupaciones y preguntarles directamente qué van a hacer o qué están haciendo, en términos concretos y más allá de las palabras, para proteger el ejercicio periodístico del acoso criminal que todos conocemos.
Ciudad de México, 4 de mayo de 2012
Fotografía: Alonso Castillo
Como mexicanos, nos llena de rabia y de vergüenza la reciente masacre de 72 migrantes en un apartado rancho del estado de Tamaulipas. Al igual que millones de compatriotas nuestros, estos migrantes se alejaron un día de su familia, de sus costumbres, del paisaje que les era familiar y entrañable. Se fueron buscando el norte, porque su país—su gobierno—fue incapaz de cumplir mínimamente sus responsabilidades para con ellos, pero se fueron también porque eran optimistas. Aun sabiendo los riesgos que corrían —porque el mundo entero sabe ya los riesgos que corre un viajero pobre en México— creyeron que superarían todos los obstáculos. Soñaron, como tantos mexicanos han soñado también, que un día regresarían a casa prósperos y dignos, capaces de proteger, ellos sí, a sus familias. Se imaginaron orgullosos, viendo como en su pueblo los contemplaban con admiración. Cayeron en una masacre. No nos gusta imaginar las horas de pánico que vivieron, su terror e impotencia, sus imploraciones y el arrepentimiento por haberse alejado de su hogar.
En la Ciudad de México se realizó a principios de mes un encuentro de periodistas de norte, centro y sur del país, organizado por la red